El súbito cierre del canal público griego reaviva el debate sobre si estos operadores son necesarios
Los expertos coinciden en que deben combinarse calidad del servicio y rigor en la gestión
En países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o España, la televisión pública goza de peso y prestigio en la industria audiovisual. El caso más notable es sin duda el de la BBC británica, pero en general se trata de televisiones que ofrecen contenidos de calidad que gozan de buena aceptación por parte de la audiencia.
El modelo europeo contrasta con el de Estados Unidos, donde el Public Broadcasting Service (PBS, el canal público) tiene un carácter marginal en cuanto a la audiencia, pero provee de contenidos a 354 socios con producciones de instituciones especializadas, como la que creó el muy popular formato infantil Barrio Sésamo, emitido en cientos de países y que supuso una auténtica revolución en la manera de abordar la educación a través de la pantalla.
En Latinoamérica existen modelos muy diversos. Los operadores de Cuba y Venezuela están a menudo en la picota por su carácter de servicio incondicional al régimen y su labor de adoctrinamiento político. En el otro extremo se situaría México, un país con canales públicos muy residuales en el que los privados han estado históricamente obligados a cumplir una misión de servicio al ciudadano. La colosal Televisa, por ejemplo, ha dedicado un 12,5% de su producción a contenidos educativos (fue el canal encargado de transmitir la programación educativa de Telesecundaria). En Colombia, las emisoras regionales cuentan con una amplia programación de interés público. Brasil tiene canales avalados por fundaciones, como TV Cultura de la Fundación Padre Anchieta, que llevó a la Red O Globo a crear una oferta (Tele Futura) con objetivos de servicio público y una aparente dedicación a la educación.
Con la clausura de la ERT —en principio solo durante tres meses y mientras se diseña un nuevo modelo empresarial con una cuarta parte de la plantilla— Grecia se convierte en el único país de la UE sin un medio audiovisual de titularidad estatal. “Es como una bofetada para los ciudadanos. Era la única cadena que aún mantenía equilibrio en las noticias. Las privadas son muy sesgadas”, comentaba ayer Nouha Elbarage, de 33 años, en una cafetería del centro de Atenas.
Joan Ferrés, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, no titubea al ser preguntado sobre el debate abierto tras la clausura del ente griego: “Un pueblo difícilmente puede alcanzar su plenitud democrática sin contar con una televisión pública”. Y la coloca al mismo nivel que la educación o la sanidad. “Son servicios”, dice, “que no pueden regirse por las leyes del mercado”.
Las cadenas públicas están amparadas en Europa por el Tratado de Amsterdam (1997, ratificado por el Consejo de Ministros de Cultura en 1998), que reconoce su papel clave y su relación con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad. Ángel García Castillejo, abogado y consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, afirma que el servicio público es uno de los denominadores sustantivos y comunes de las democracias europeas. “Gracias a ellos los ciudadanos hemos podido disfrutar de espacios informativos que recogían la realidad social y política de nuestras sociedades en toda su diversidad, y gracias a ello han alcanzado los liderazgos de audiencias ávidas de neutralidad informativa y veracidad que en muchas ocasiones no se encuentra en las líneas editoriales de los medios privados”, dice.
Para muchos países, sus corporaciones públicas son todo un emblema. “Una sociedad con medios audiovisuales cuyos accionistas son todos los ciudadanos, si se les garantiza la independencia en su gestión, terminan siendo un símbolo de su libertad”, apunta García Castillejo, que cita los casos de la BBC, la RAI y “por unos años”, RTVE (justo hasta 2012, cuando el PP cambió la ley para que la elección del presidente no necesitara ya del consenso político).
Sea a este o al otro lado del Atlántico, los expertos coinciden en que el servicio público real se logra cuando los telediarios no contentan a la oposición y desagradan a los Gobiernos. Estas compañías están obligadas a ofrecer una información plural, que no sirva a los intereses de los grupos de poder, y al mismo tiempo velar por el pluralismo político, social, lingüístico, cultural y religioso, señala el profesor Ferrés. “Y solo una televisión pública puede garantizar una atención preferente a la cultura. Pero eso no implica que tenga que hacer una programación aburrida o reservada a una minoría selecta”.
Maurizio Carlotti, vicepresidente de Atresmedia (Antena 3, La Sexta), también cree que la televisión pública tiene una misión específica que cumplir. Tras recordar que la televisión nació como un monopolio público y con la misión de hacerlo todo (formar, informar y entretener), afirma: “Sesenta años después, con el fin del monopolio y en plena revolución tecnológica, la televisión pública no puede seguir pretendiendo hacer lo mismo que en los años cincuenta. Necesitamos una integración recíproca entre público y privado”. Carlotti reparte funciones: Para las teles públicas, la información imparcial, la formación educativa, el entretenimiento culto, la promoción del cine y de la producción audiovisual española de todo tipo, la enorme variedad de deportes que a menudo no salen en televisión, la experimentación tecnológica, la formación profesional, la manutención de la memoria audiovisual del país. Y para las privadas, garantizar el pluralismo informativo, el entretenimiento generalista, los grandes acontecimientos deportivos, el impulso internacional a la producción audiovisual. “Y todos”, matiza, “trabajando en forma eficiente, con estructuras equilibradas y utilizando al máximo las competencias externas, cada día más profesionales. El resultado será el beneficio económico para las empresas privadas, y la utilidad social del servicio publico”.
En realidad nadie exige a estos entes que ganen dinero. Pero sí se les pide que tengan rentabilidad social y gestionen los recursos con rigor y eficiencia.
La construcción de las corporaciones públicas en la UE no ha estado exenta de tensiones. Según el abogado García Castillejo, estas han sido causadas en general por la posición de las televisiones privadas, que desde siempre han aspirado al total del negocio publicitario audiovisual, incluidas sus audiencias.
La muy admirada BBC ha sido del espejo en el que se miró la televisión española cuando rediseñó su modelo, en 2006. El mandato marco dejaba clara la misión de TVE: fomentar el pluralismo, el debate democrático y el espíritu crítico de los ciudadanos, defender los valores constitucionales, contribuir a la construcción de la identidad y la vertebración de España y la cohesión territorial. Además, a TVE se le exige independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor, que promocione los intereses de España en el extranjero, vele por la igualdad entre hombres y mujeres y por los derechos de los menores y los discapacitados. Al margen de las críticas por cómo aplica o no estos principios, las normas están claras. “Debe ser los ojos y los oídos de la ciudadanía para que esta pueda participar con conocimiento en el debate público y en los procesos políticos”
, reclama la Plataforma para la Defensa de la RTV Pública.
A la vista del cierre de la televisión griega, ¿sería posible un efecto contagio en España? Los principales grupos políticos descartan de plano la desaparición de RTVE. Aunque hay espacio para el pesimismo. Luis Ávarez Pousa, profesor de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, afirma que Gobiernos y operadores privados se han unido “en un disimulado acoso al sistema público de televisión en Europa”. Y añade que con un recorte de 250 millones de euros, sin la publicidad que conformó hasta 2010 su modelo de financiación mixta, la asfixia económica aceleraría la caída de RTVE. “Sin voluntad política para consolidar el marco legal, unida a la atomización de las audiencias, la multiplicación de la oferta de libre acceso mediante la TDT e Internet, la asfixia económica se convierte en un eficacísimo instrumento —la soga del ahorcado— para llevar a cabo su liquidación. La troika no será sino la excusa perfecta. ¿Como en Grecia?”.
Pero privatizar RTVE no está en la agenda política. Otra cosa es la segunda pata del sector audiovisual: las autonómicas. El fantasma de la externalización de contenidos y servicios recorre todas las autonomías controladas por el PP, desde Madrid a Murcia, pese a que su coste representa, de media, el 0,5% del presupuesto de cada comunidad.
Los problemas financieros que el Gobierno de Andonis Samarás ha esgrimido para mandar a negro las emisiones de la ERT fueron, según muchos de los entrevistados, creados por los mismos que ahora critican la gestión. “Si fue mala, tienen que culparse ellos mismos. ¿Quién metía a los suyos en la televisión? Si dicen que hay despilfarro que hagan una reforma pero no un cierre abrupto como esto”, dice un extrabajador a las puertas de la cadena. Atrincherados en la sede de Atenas, los trabajadores han estado emitiendo sin parar a través de Internet.
Organizaciones sindicales y profesionales del Viejo Continente han alzado su voz en solidaridad con la ERT. Ayer celebraron concentraciones de apoyo a sus 2.800 trabajadores. Reporteros sin Fronteras hizo un llamamiento al Gobierno griego para que revoque de inmediato su decisión y la Asociación de Prensa de Madrid afirmó que es “un duro golpe a la democracia”. Y también al periodismo, a la libertad de expresión y al derecho de información de los ciudadanos. Es “un retroceso no solo griego sino también de la UE, cuyos Gobiernos y Parlamentos en más de una ocasión han defendido la existencia de los medios públicos”.
El Ejecutivo heleno acusa a ERT de “opacidad y despilfarro”. Pero más allá del coste y de una presunta mala gestión, los ciudadanos consideran que lo que está en juego es la misma noción de servicio público, algo que no se mide solo con el dinero. “En muchas islas del Egeo y en algunas zonas del interior, solo llega la señal de ERT. Esta gente se queda sin televisión y sin radio”, se lamentaba Dimitris, uno de los muchos jóvenes que han acudido a la sede de la emisora para participar en la protesta. “Pero hay también gente que está de acuerdo con el cierre”, aseguraba un taxista relatando los comentarios oídos entre sus clientes. “Dicen que no le importa, que solo ven las cadenas privadas y las series turcas que son tan populares aquí”. Otros subrayan el papel de difusión y preservación del patrimonio cultural. “Es la única que mantiene una oferta amplia y variada. Música clásica, documentales, programas de interés social”, decía Mari Ladopoulou, una autónoma de 61 años. Como resume del abogado García Castillejo, a la televisión pública le pasa como a la salud, que se la echa de menos cuando se carece de ella “y desde los salones de nuestras casas suspiramos diciendo: ‘es que no hay nada interesante que ver”.
